La iniciativa, impulsada por el ministro Mario Adaro, fue aprobada por los ministros Dalmiro Cuelli y Jorge Nanclares, quienes advirtieron que el término “pornografía infantil” con el que comúnmente se define al material que castiga la acción típica del artículo 128 del Código Penal estigmatiza a las víctimas del delito.

El uso del término pornografía infantil implica un consentimiento de las personas que participan tanto en la filmación, como en la autorización para que aquella sea difundida”, explicó la acordada, que recalca que ese consentimiento “no puede ser tenido en cuenta”

Los jueces advirtieron que ese término no es el utilizado en la redacción del artículo 128, que refiere a “toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores”, ni tampoco en la del Anteproyecto del nuevo Código Penal.

La Acordada recalca que el término “pornografía” alude a relaciones consensuadas, y que en este tipo de casos no puede existir consentimiento de la víctima, que además no puede ser tenido en cuenta a efectos de que el victimario eluda su responsabilidad.

“El uso del término pornografía infantil implica un consentimiento de las personas que participan tanto en la filmación, como en la autorización para que aquella sea difundida”, explicó la acordada, que recalca que ese consentimiento “no puede ser tenido en cuenta”, ya que niños, niñas y adolescentes “no pueden ni darían su consentimiento” a los actos sexuales que estarían siendo sometidos, ya que “son víctimas de delitos sexuales”

En esa senda, desde el Alto Tribunal mendocino indican que fuerzas de seguridad internacionales como Interpol o Europol, rechazan el término  “pornografía infantil”, utilizando el de “material de abuso contra niños”

La Acordada también ordenó adecuar los sistemas de gestión con estas categorías y dispuso que se ordenen capacitaciones para todo el personal judicial. Finalmente, invitó a los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, a los Colegios de Abogados y las Facultades de Derecho, a adherirse a esa iniciativa.