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CPCIPC interpreta que la ley le permite instalarse como dueño absoluto del discurso informático. Durante 2016, un grupo de programadores independientes investigaron el sistema de voto electrónico propuesto por el Gobierno nacional, dejando a la vista serias amenazas a la integridad del recuento y el secreto del sufragio.
Entre ellos se destacó Javier Smaldone, un excelente programador de Río Cuarto. ¿La reacción del CPCIPC? Amenazarlo con una demanda por ejercicio ilegal de la profesión. No es un caso aislado: la misma amenaza fue blandida en mi contra allá por el año 2000, en un infructuoso intento de impedirme hablar sobre software libre frente a la Cámara de Diputados de la Nación.
Ese mismo cargo podría aplicarse a Nicolás Wolovick, Daniel Penazzi y Javier Blanco, doctores de FaMAF que advirtieron sobre las mismas amenazas. O a Delia Ferreira, una abogada que demuestra conocer los riesgos de la tecnología mucho mejor que el CPCIPC. O a cualquiera cuya vocación democrática lo impulsara a escribir sobre el tema.
Para evitar problemas con investigadores independientes que por ahí van y descubren algo, la legislatura de la provincia decidió poner a los zorros a cargo del gallinero otorgando al CPCIPC el monopolio de la fiscalización informática de las próximas elecciones, por ley.
La matriculación profesional de informáticos es un bochornoso invento cordobés, inédito en el mundo. Un agravio a la cultura, a la libertad de expresión y de trabajo.
Fuente: https://unioninformatica.org/cordoba-por-ley-para-trabajar-en-informatica-titulo-y-matricula-obligatorio/
